Ciudad de México, 19 de octubre de 2025.– El senador Marko Cortés Mendoza exhortó al Gobierno Federal a rendir un informe detallado y público sobre los envíos de hidrocarburos y combustibles subsidiados a Cuba, realizados desde el primero de octubre a la fecha.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que estos embarques, considerados por el gobierno como “ayuda humanitaria”, deben ser explicados a fondo, ya que el régimen cubano mantiene a mil 185 personas presas por motivos políticos, entre ellas mujeres y menores de edad, según reportes de la organización Prisoners Defenders.
Cortés Mendoza subrayó que, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los envíos de petróleo a Cuba se han triplicado durante 2025.
“Los embarques de Gasolina Bienestar, filial de Pemex, alcanzaron 3 mil millones de dólares entre mayo y agosto, equivalentes a unos 60 mil millones de pesos, mientras que durante el sexenio anterior los envíos sumaron solo mil millones”, puntualizó.
El senador también alertó sobre el uso del buque ‘Sandino’, incluido desde 2019 en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con actividades ilícitas como narcotráfico o lavado de dinero.
Por ello, pidió que se cite a comparecer al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, para rendir cuentas sobre los volúmenes, rutas, embarcaciones, subsidios y empresas involucradas, entre ellas Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., que reporta pérdidas superiores a 324 millones de dólares por estas operaciones.
“El gobierno no puede usar la política exterior como excusa para omitir el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el uso de los recursos públicos”, sostuvo Cortés.
Finalmente, el legislador michoacano subrayó que la ciudadanía tiene derecho a saber por qué se destinan miles de millones de pesos a subsidios internacionales, cuando esos recursos podrían invertirse en atención a desastres naturales, infraestructura educativa, seguridad o investigación de delitos federales.
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