- “Ningún permiso para destruir” busca frenar construcciones ilegales, proteger manglares y fortalecer la vigilancia ambiental con responsabilidad para quienes dañen el territorio.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, presentó ante el Congreso de Yucatán una iniciativa para fortalecer la protección ambiental y evitar daños irreversibles al territorio.
La propuesta fue elaborada junto con activistas, especialistas y jóvenes defensores del medio ambiente.
Cuatro medidas para proteger el patrimonio natural
La iniciativa contempla cuatro ejes para impedir que las afectaciones ambientales sean regularizadas posteriormente.
Entre sus principales planteamientos destaca que quienes construyan ilegalmente o destruyan manglares deberán demoler sus obras y financiar la restauración.
También propone evaluaciones ambientales con verificaciones físicas, fotografías y seguimiento durante un año en zonas vulnerables.
Evaluaciones independientes y protección permanente
Otro punto establece que los especialistas encargados de evaluar proyectos deberán acreditar experiencia y honestidad, además de asumir responsabilidades legales por información falsa.
Asimismo, plantea impedir que los gobiernos debiliten las medidas de protección ambiental sin una justificación científica.
Acosta Escalante recordó que los daños ambientales permanecen durante generaciones y mencionó casos como el Tren Maya, Topolobampo y la presión inmobiliaria en Chuburná Puerto.
El desarrollo económico no debe destruir los recursos naturales
La legisladora señaló que Yucatán enfrenta condiciones ambientales particulares por su suelo de roca caliza y sus barreras costeras, fundamentales para proteger el agua y las comunidades.
Advirtió que las multas no deben convertirse en una alternativa para incumplir la legislación ambiental.
“Nuestra generación no debería tener que elegir entre tener oportunidades de desarrollo o un territorio digno donde vivir”, expresó.
Finalmente, agradeció la participación de jóvenes y activistas que colaboraron en la elaboración de la iniciativa, entre ellos Samuel Castelón, Zulema Puerto, Guillermo Contreras, Sofía Morán y Adriana Barredo.
La propuesta busca establecer mayores responsabilidades para quienes afecten los ecosistemas y evitar que el crecimiento de Yucatán implique perder su patrimonio natural.
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