La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso este 9 de septiembre una clausura total y definitiva a la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, tras incumplir de manera reiterada siete medidas correctivas, entre ellas la descarga directa de aguas residuales sin permiso y la falta de caracterización de sus lodos.
La medida busca que la granja se concentre en la reparación de los daños ambientales ocasionados, a través de un estudio especializado, así como en el proceso de desmantelamiento y abandono adecuado del sitio.
La clausura se da en atención a denuncias presentadas por organizaciones civiles y comunidades mayas desde 2021, quienes han señalado los impactos en la calidad de vida y en el entorno. La Profepa ha realizado inspecciones a diversas granjas en municipios de Yucatán como Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Conkal, Maxcanú, Tekax, entre otros.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell subrayó que este caso representa una lucha de años de las comunidades locales, y destacó que la dependencia continuará trabajando para garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, regulando de manera efectiva a este sector.
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