Mérida, Yucatán, 3 de febrero de 2026.—El Poder Judicial de Yucatán inició la elaboración del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa en Materia Familiar, con el objetivo de fortalecer una impartición de justicia más humana, efectiva y con enfoque de derechos, priorizando la reparación del daño y el bienestar integral de las personas involucradas.
Para la construcción de este instrumento se integró un grupo multidisciplinario conformado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alan Jesús Hernández Conde; la consejera de la Judicatura, María Ely Farfán Flores; juezas y jueces en materia familiar; la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Elma Gabriela Ávila Miranda; mediadores institucionales; la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Consejo de la Judicatura, así como psicólogas y trabajadoras sociales.
El proceso contó también con el acompañamiento de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, reconocida en México y Latinoamérica como precursora en los procesos de justicia restaurativa familiar, con amplia trayectoria profesional en la materia.
El protocolo abarcará tanto la primera como la segunda instancia, y permitirá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, consolidando la incorporación de la justicia restaurativa en el ámbito familiar dentro del Poder Judicial del Estado.
Los trabajos se desarrollaron durante tres días consecutivos mediante mesas técnicas en las que se definieron acuerdos y acciones estratégicas para fortalecer la justicia familiar, colocando en el centro a las personas y, de manera prioritaria, a niñas, niños y adolescentes.
El magistrado Hernández Conde señaló que estas jornadas permitieron una articulación interinstitucional efectiva, donde cada área aportó desde su ámbito de competencia para alinear criterios, delimitar responsabilidades y asegurar una implementación adecuada del modelo restaurativo.
Indicó que estos encuentros ayudaron a establecer con claridad los criterios sobre cuándo y cómo derivar los asuntos familiares a procesos restaurativos, garantizando el control judicial, evitando la revictimización y protegiendo en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Durante las mesas de trabajo se desarrollaron herramientas operativas del protocolo, entre ellas guiones de entrevistas iniciales, criterios de viabilidad, planes de reparación del daño y rutas de seguimiento, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Finalmente, el magistrado subrayó que el enfoque del protocolo parte del reconocimiento del daño y de su reparación integral, no solo desde el ámbito jurídico, sino también desde las dimensiones relacional, emocional y social, con el propósito de avanzar hacia una justicia que transforme conflictos, repare vínculos, reconstruya la confianza y contribuya de manera sostenida a la paz social.
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