Mérida, Yucatán, 22 de abril de 2026.– Vecinos de Ciudad Caucel y otras zonas de la capital yucateca promovieron un amparo indirecto ante Juzgados Federales en contra de la Junta de Agua Potable de Yucatán (JAPAY) y el Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de que se restablezca de manera regular el suministro de agua potable.
Los quejosos son representados por el abogado Juan Pablo Delgado Miranda, Secretario Nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano, acompañado por la diputada Larissa Acosta Escalante, quien señaló que esta acción legal marca un precedente en la entidad para exigir la regularización del servicio, comenzando en Ciudad Caucel.
De acuerdo con Delgado Miranda, el recurso legal plantea dos ejes principales: por un lado, la exigencia a la JAPAY para que asuma la responsabilidad de la infraestructura hídrica necesaria para garantizar el abasto regular; y por otro, la denuncia sobre el crecimiento desordenado de la mancha urbana, donde se han otorgado factibilidades de suministro en condiciones irregulares.
El amparo también señala a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y al Comité Técnico encargado de autorizar nuevos desarrollos inmobiliarios, por su posible responsabilidad en la problemática derivada del crecimiento urbano sin la infraestructura suficiente.
Por su parte, la diputada Larissa Acosta Escalante subrayó que el problema del agua en Mérida no es reciente, sino resultado de años de rezago en infraestructura hídrica, falta de mantenimiento y el aumento constante de la población.
Indicó que el desabasto y la baja presión del agua se han convertido en una constante para miles de familias, particularmente en zonas de alta expansión como Ciudad Caucel.
Los vecinos inconformes adelantaron que en los próximos días podría presentarse un nuevo amparo colectivo con la participación de más habitantes afectados.
María Cejudo, vecina de la zona, expresó el hartazgo de la ciudadanía ante la falta de respuesta de las autoridades, señalando que, pese a los constantes reportes, no han obtenido soluciones efectivas, lo que los llevó a organizarse para exigir el cumplimiento de su derecho al acceso al agua potable.
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