Regidores y regidoras de MORENA votaron en contra del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida (PMOTDUM) al considerar que el documento, en su versión actual, no garantiza un crecimiento justo, compacto y sustentable para la capital yucateca.
Durante una conferencia de prensa moderada por la regidora Georgina Piña Acosta, y con la participación del edil Diego Carrera Pérez, se expusieron observaciones técnicas, inconsistencias y propuestas para fortalecer el instrumento de planeación urbana.
El regidor Adrián Gorocica Rojas reconoció el trabajo técnico del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento en la elaboración del diagnóstico, el cual identifica problemáticas que —dijo— coinciden con los objetivos que impulsa su movimiento y que están alineados con políticas federales y estatales. Sin embargo, subrayó que el problema radica en la falta de una normativa robusta que permita cumplir esos objetivos.
Entre los principales retos reconocidos en el propio programa están el crecimiento disperso de la ciudad, la desigualdad territorial, la existencia de miles de lotes baldíos, el deterioro de infraestructura, la insuficiencia de servicios públicos y las dificultades de acceso a la vivienda. En ese sentido, Gorocica Rojas señaló que en Mérida existen alrededor de 48 mil viviendas deshabitadas, mientras muchas personas no pueden acceder a una casa, lo que evidencia —afirmó— un problema de modelo urbano más que de disponibilidad de suelo.
Los regidores señalaron además inconsistencias en las proyecciones poblacionales. Mientras en una sección del documento se estiman alrededor de 1.3 millones de habitantes para 2050 con base en cifras oficiales, en el apartado estratégico se adopta un escenario distinto que eleva la proyección a 1.7 millones, es decir, 400 mil personas más, sin que —según dijeron— exista una justificación técnica clara para ese incremento.
Por su parte, Diego Carrera Pérez cuestionó el aumento en la superficie de expansión urbana. Recordó que en un primer borrador se planteaba liberar 15,500 hectáreas, pero en la versión final presentada al Cabildo la cifra subió a 17,800 hectáreas. Afirmó que esta ampliación no respondió a las demandas expresadas durante la consulta pública.
También criticó la figura de “derechos adquiridos”, que considera urbanizables ciertos polígonos con permisos previos, al señalar que el proceso careció de transparencia y podría incentivar la especulación de tierras en lugar de priorizar las necesidades de la ciudadanía.
Los ediles advirtieron que un modelo de expansión descontrolada encarece la provisión de infraestructura y servicios, incrementa la dependencia del automóvil, agrava el tráfico y profundiza la segregación territorial, al empujar a familias trabajadoras a zonas periféricas con menos equipamiento urbano.
Como alternativas, propusieron utilizar una sola proyección poblacional basada en cálculos de INEGI y CONAPO, establecer un límite urbano de crecimiento vinculante, reducir lotes baldíos y viviendas deshabitadas, así como promover mayores densidades en zonas estratégicas antes de autorizar nueva expansión.
Asimismo, plantearon incorporar como obligación urbanística que los nuevos desarrollos destinen un porcentaje mínimo a vivienda asequible, especialmente en suelo urbanizable a futuro, para garantizar el derecho a la vivienda y evitar mayor segregación.
Indicaron que el PMOTDUM aún puede modificarse, ya que deberá ser revisado por el IMDUT antes de regresar al Cabildo, lo que abre la posibilidad de ajustes para alinear el programa con sus propios objetivos y con las políticas de desarrollo territorial impulsadas a nivel estatal y federal.
A la conferencia asistieron como invitadas las diputadas Claudia Estefanía Baeza Martínez y Clara Rosales Montiel, presidentas de la Comisión de Seguridad y Justicia y de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, respectivamente.
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