• La propuesta ya fue presentada al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Economía, Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo.
  • La finalidad de la propuesta es establecer mecanismos que garanticen que se destine al menos, el 35% de las compras públicas a MiPyMEs conforme a la ley de la materia.
  • El impacto esperado es de hasta 2% del Producto Interno
  • Beneficios adicionales de la propuesta: desarrollo de proveedores, incremento de contenido nacional y capacidad instalada de producción, encadenamientos productivos, incremento del empleo formal, innovación y desarrollo tecnológico, mayor captación tributaria, entre otros.

 Ciudad de México, 30 de marzo 2022; Centeno Reyes sostuvo que la contratación pública es clave, al ser palanca de desarrollo y haciendo uso de la estrategia podemos generar un impacto de 2 puntos porcentuales del PIB.

A su vez, refirió que las MiPyMes representan el 52% del Producto Interno Bruto y generan el 78% de empleo según INEGI, sin embargo, mencionó: “no hemos sido capaces de lograr el sostenimiento de empresas porque la mayoría desaparecen en un periodo de 5 años de acuerdo con la misma fuente.”

El presupuesto federal considerado para el 2022 es de $7.088,250.3 mdp, de lo que se estima que pasará por gasto de operación e inversión el 20% del monto, equivalente entre el 8 y 10% del PIB, sostuvo Centeno Reyes.

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de MiPyMes y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, establece en su artículo 10 F. IX que se debe promover que las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.

El Estado en la adquisición de bienes, contratación de servicios e infraestructura, es el de mayor potencial e impacto en el desarrollo de proveedores, generación de contenido nacional, incremento de capacidad instalada y encadenamiento a los sectores de la industria a nivel nacional e internacional, por ello, establecer una política pública que genere condiciones de competencia y desarrollo de mercado interno, es fundamental.

La contratación pública a través de MiPyMes no sólo eficienta el gasto público, sino que tiene doble impacto en el desarrollo de nuestro país, creando capacidades internas como mayor generación de empleo, apetito por el emprendimiento, desarrollo tecnológico, mayor captación tributaria y social, así como innovación.

El Presidente Nacional mencionó y explicó las propuestas:

  •  Establecer mesas de trabajo con la participación activa de la sociedad civil a través de las cámaras empresariales, cuyo objeto es potenciar las compras mediante una mejor planeación y articulación de las cadenas de proveeduría.
  • Mecanismos de supervisión, medición y evaluación del cumplimiento del porcentaje mínimo de asignación a las mipymes del 35%.
  • Una política pública para alinear el objetivo de impulsar el desarrollo de la competitividad de las mipymes con la estrategia de contratación pública del gobierno federal, articulando las responsabilidades de la Oficialía Mayor de hacienda y la Secretaría de Economía.
  • Metodología de gestión de riesgos orientada a favorecer el cumplimiento de las obligaciones, fiscalización eficiente y candados para evitar corrupción.
  • Observatorio de compras con datos abiertos, transparencia, indicadores y
  • Facilitar acceso a mipymes estableciendo condiciones básicas de mercado, ejemplo el cuadro básico de medicamentos y material de curación.
  • Capacitación de proveedores y potenciales proveedores
  • Racionalización en el agrupamiento de partidas, compras consolidadas y demás mecanismos que puedan limitar el acceso a mercado de las
  • Simplificación de requisitos, anticipos, participación conjunta simple para
  • Pagos puntuales y ágiles así como anticipos a
  • Facilidades para otorgar garantías de
  • Resolución de conflictos que prioricen el cumplimiento de las obligaciones y no la sanción.