Mérida, Yucatán, 5 de agosto de 2025.– El Tribunal Primero de Enjuiciamiento de Yucatán desestimó la solicitud de prescripción en el controvertido proceso penal entre Ermilo Castilla Roche y Fernando Francisco Javier Ponce García, una resolución que prolonga un litigio con más de una década de duración y que ahora apunta hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con la defensa, encabezada por el abogado Elmer Novelo —quien ha formado parte de equipos jurídicos de alto perfil como los de Florence Cassez y Julio Scherer—, el caso debió considerarse prescrito desde 2014, un año después de la presentación de la querella inicial. No obstante, fue reactivado hasta junio de 2015, más de ocho meses después del plazo legal establecido por el artículo 121 del Código Penal del estado.
El expediente, que involucra a figuras prominentes del empresariado peninsular, es señalado por los abogados defensores como un ejemplo de “justicia selectiva” y “revancha institucional”. Sostienen que la competencia territorial fue forzada, ya que la carpeta de investigación fue trasladada a Yucatán con el argumento de que el supuesto plan delictivo se ideó “durante un vuelo”.
Otro aspecto clave del caso es la vigencia del poder notarial que legitimó las transacciones inmobiliarias en disputa. Dicho poder se encontraba vigente al momento de las operaciones, y su legalidad fue reconocida en todas las instancias judiciales de Quintana Roo.
Según datos del INEGI 2023, en Yucatán solo 3 de cada 10 denuncias se judicializan, y los procesos duran en promedio cinco años. El caso Castilla-Ponce supera ya los 11 años, acentuando cuestionamientos sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial yucateco.
La audiencia continuará este martes con la presentación de nuevos testigos.
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