Regidores y regidoras de MORENA en el Cabildo de Mérida votaron en contra de la propuesta del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida (PMOTDUM), al considerar que el documento prioriza intereses del mercado inmobiliario por encima de la justicia territorial, la responsabilidad ambiental y el bienestar de la población.
Durante sesión extraordinaria de Cabildo, las y los ediles señalaron que el plan no protege el tiempo de las personas, el territorio, el agua ni los barrios, y advirtieron que el medio ambiente no debe verse como un límite al desarrollo, sino como una condición básica para la vida urbana.
Desde la sala de sesiones de Cabildo “Profra. Rosa Torres González”, el regidor Adrián Gorocica Rojas afirmó que planear la ciudad implica definir cómo se vive, cuánto tiempo se pierde en traslados y qué tan accesible resulta la vivienda. Aunque reconoció que el PMOTDUM 2050 parte de un diagnóstico acertado, advirtió que sus reglas “funcionan más como un mapeo de oportunidades para el mercado inmobiliario que como un instrumento para frenar la especulación del suelo, el crecimiento desmedido y la desigualdad urbana”.
El edil alertó que el sobredimensionamiento de la población proyectada incrementa artificialmente la demanda de suelo y valida la apertura de casi 18 mil hectáreas para urbanización, lo que —dijo— estimularía la especulación y aceleraría la expansión de la mancha urbana.
“Cuando el Ayuntamiento señala en un mapa qué suelo será urbano en el futuro, se incrementa de inmediato su valor comercial y se envía una señal clara al mercado: compre hoy, urbanice mañana”, subrayó.
Añadió que los límites planteados para 2030, 2040 y 2050 no son obligatorios ni secuenciales, sino expectativas que dejan al mercado decidir dónde y cuándo construir, debido a que los requisitos establecidos son flexibles y ambiguos.
Gorocica Rojas sostuvo que un crecimiento urbano sin control encarece la vida y profundiza la desigualdad, al elevar costos de infraestructura, aumentar la dependencia del automóvil y expulsar a familias trabajadoras a la periferia. Señaló que, pese a reconocer la existencia de 48 mil 205 viviendas deshabitadas, el plan habilita miles de hectáreas nuevas, lo que demuestra —afirmó— que no se garantiza la vivienda como derecho, sino como activo financiero.
Entre las propuestas planteadas por el regidor están ajustar la proyección poblacional con base en datos del INEGI y CONAPO, establecer un límite urbano de crecimiento claro en lugar de horizontes flexibles, condicionar nuevas expansiones al aprovechamiento previo del suelo intraurbano y de vivienda deshabitada, exigir densidades mínimas y porcentajes obligatorios de vivienda social, e impulsar el reciclaje urbano como eje prioritario.
Por su parte, el regidor Diego Carrera Pérez afirmó que Mérida necesita un programa de ordenamiento con procesos claros, sustento técnico y respeto a la participación ciudadana. Señaló que, aunque hubo consulta pública, el documento presentado a votación registró cambios que no fueron nuevamente consultados con la ciudadanía.
Indicó que el PMOTDUM habla de contención urbana y de avanzar hacia una ciudad más compacta, pero al mismo tiempo autoriza cerca de 18 mil hectáreas de nuevo suelo urbanizable, lo que implicaría una expansión significativa de la mancha urbana.
“Esa expansión no es una decisión neutra, significa mayores costos en alumbrado, bacheo, recolección de basura, seguridad y servicios públicos que el municipio deberá sostener por décadas, cuando los servicios actuales ni siquiera logran satisfacer plenamente a la ciudadanía”, expresó.
También cuestionó que parte del crecimiento propuesto se justifique con supuestos “derechos adquiridos”, sin que se conozca con claridad qué predios están involucrados, bajo qué criterios se otorgaron, qué funcionarios los autorizaron y en qué momento se generaron.
“Si esos derechos existen y son legales deben ser públicos, transparentes y justificados. El Cabildo no puede avalar una expansión territorial de esa magnitud sin contar con esa información”, enfatizó.
Finalmente, Carrera Pérez sostuvo que el interés público, el derecho a la ciudad y la protección del territorio no pueden quedar subordinados a decisiones discrecionales y sin rendición de cuentas.
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