Mérida, Yucatán, 13 de marzo de 2026.– Con un llamado a fortalecer la protección y aplicación de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, se llevó a cabo en el Congreso del Estado el conversatorio “Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas: memoria, vigencia y futuro a 23 años de la Ley”, organizado por la diputada de Morena, Neyda Aracelly Pat Dzul, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán (SEDECULTA).
El encuentro se realizó en la Sala de Usos Múltiples “Consuelo Zavala Castillo”, donde se reunieron especialistas, autoridades, legisladores, integrantes de la sociedad civil y defensores de la lengua maya para reflexionar sobre los avances, pendientes y propuestas relacionadas con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El presídium estuvo integrado por la diputada Neyda Pat; la Secretaria de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño; y el Director General de Museos y Patrimonio de la SEDECULTA, Dr. Fidencio Briceño Chel, quienes encabezaron el protocolo inicial.
Durante la apertura, la legisladora Pat Dzul señaló que hablar de derechos lingüísticos en Yucatán implica reconocer a la lengua maya como memoria viva, identidad y parte esencial de la dignidad de los pueblos originarios. Indicó que, a más de dos décadas de la promulgación de la ley, es necesario evaluar los avances alcanzados y los retos que aún persisten para que estos derechos se garanticen en la vida cotidiana y no se queden únicamente en el marco jurídico.
Por su parte, la Secretaria de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño, destacó que la lengua maya ocupa un lugar central dentro del proyecto Renacimiento Maya del Gobierno del Estado, al considerar que no debe verse únicamente como patrimonio cultural, sino como una lengua viva que debe tener presencia real en espacios institucionales, educativos y culturales.
El conversatorio fue moderado por el Dr. Fidencio Briceño Chel, quien subrayó que, pese a los avances legales en materia de derechos lingüísticos, se mantiene una disminución en el número de hablantes, por lo que consideró indispensable traducir estos derechos en políticas públicas efectivas.
En el panel participaron la diputada Neyda Pat Dzul; la Directora Ejecutiva del colectivo U péekbal waye’, Yazmín Novelo Montejo; el Responsable del Programa de Pueblos Originarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Ramón Humberto Chan Briceño; y el Representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Freddy Humberto Poot Sosa.
Asimismo, estuvieron presentes el diputado de Morena, Wilber Dzul Canul, y el Director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Mtro. Erik Ojeda Novelo.
Durante las intervenciones se destacó que uno de los avances más importantes de la ley ha sido el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el español, lo que permitió impulsar instituciones, procesos de normalización lingüística y una mayor visibilidad pública del tema.
Sin embargo, las y los participantes coincidieron en que aún existen retos importantes para garantizar plenamente estos derechos, entre ellos la necesidad de contar con más intérpretes en áreas clave como la justicia y la salud, así como mejorar su formación y condiciones laborales, además de fortalecer la aplicación efectiva de la ley.
También se planteó la importancia de reforzar la enseñanza de la lengua maya, impulsar su presencia en documentos oficiales, señalética, campañas públicas y espacios digitales, así como promover políticas públicas transversales que involucren a todas las instituciones.
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de llevar estas discusiones directamente a las comunidades, escuchar a la población hablante y considerar sus propuestas para diseñar políticas lingüísticas que respondan a sus necesidades reales.
Finalmente, las y los panelistas coincidieron en que la protección de la lengua maya representa un tema de derechos humanos, justicia social y reconocimiento de los pueblos originarios, más allá de un asunto estrictamente cultural.
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