Mérida, Yucatán, 10 de abril de 2025. – En un esfuerzo por garantizar justicia laboral y mejores condiciones de vida para quienes desempeñan funciones esenciales, la Bancada Naranja, representada por el legislador Javier Osante Solís, presentó una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Yucatán.
La propuesta tiene como eje la homologación constitucional de salarios , de modo que maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, personal de salud, policías, bomberos y elementos de protección civil no percibirán sueldos inferiores al promedio nacional registrado por el IMSS , actualmente cercano a los 17 mil pesos mensuales.
“Esta reforma busca justicia, equidad y reconocimiento para quienes, con entrega y riesgo, sostienen los pilares más sensibles de nuestra vida”, expresó Osante Solís durante su intervención. De acuerdo con cifras mencionadas por el legislador, los salarios actuales en estos sectores oscilan entre los 8 mil y 15 mil pesos mensuales, muy por debajo del promedio nacional.
La propuesta también se alinea con una reforma al artículo 123 constitucional , ya aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado y 23 congresos estatales, que establece que el personal docente, de seguridad y salud del gobierno federal debe percibir al menos el salario promedio de los trabajadores registrados en el IMSS.
“El rostro de esta reforma no es el de Movimiento Ciudadano. Es el rostro de la maestra que viaja dos horas para dar clases en una comunidad. Es el rostro del policía que no ve a su familia en días. Es el rostro del médico, la enfermera, el bombero que trabaja con equipo obsoleto”, señaló Osante, al destacar la urgencia de dignificar las condiciones laborales de estos sectores.
Aunque la reforma constitucional ya fue aprobada por la mayoría de los congresos locales, en Yucatán aún no ha sido declarada formalmente constitucional , debido a lo que la Bancada Naranja calificó como “un retraso inexplicable”.
Con esta iniciativa, se busca dar un paso decisivo hacia un Yucatán más justo, donde el compromiso social de quienes sirven al estado esté acompañado por una retribución económica digna.
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