En el marco del Tratado de Aguas de 1944, los gobiernos de México y Estados Unidos definieron un plan técnico para la gestión del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo, ante el escenario de sequía extrema que impacta a la región fronteriza. El acuerdo traza una ruta operativa basada en los mecanismos ya establecidos en el instrumento binacional y deriva de un proceso de diálogo técnico y político sostenido entre ambas naciones.
El plan contempla acciones coordinadas para ordenar el uso del agua disponible, con enfoque en la previsibilidad y la responsabilidad compartida frente a la variabilidad climática. Las medidas buscan garantizar un manejo más eficiente del recurso, integrando infraestructura estratégica y estrategias de adaptación de largo plazo para mitigar los efectos de la escasez.
Como parte de los compromisos, México reiteró su disposición de cumplir con la entrega de una cantidad mínima anual de agua, conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a lo estipulado en el Tratado. Las autoridades subrayaron que se priorizará en todo momento el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola en territorio nacional, en apego al derecho humano al agua y a la alimentación.
El Gobierno de México señaló que este acuerdo fortalece la cooperación binacional en materia hídrica y consolida al Tratado de Aguas de 1944 como un instrumento vigente para proteger los intereses nacionales, al tiempo que brinda certidumbre a las comunidades y sectores productivos que dependen del Río Bravo.
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