El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo un encuentro estratégico con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Impulsan agenda de derechos humanos con enfoque internacional
La reunión con Ricardo Neves buscó ampliar cooperación internacional para fortalecer políticas públicas enfocadas en dignidad, justicia y protección integral de derechos humanos.
Gobierno de Yucatán apuesta por instituciones más sólidas
El mandatario destacó que colaborar con organismos internacionales permite reforzar capacidades institucionales y avanzar hacia un estado más justo con mayor libertad ciudadana.
Derechos humanos como eje de transformación social
Díaz Mena afirmó que los derechos humanos consolidan sociedades justas cuando gobiernos actúan con responsabilidad, transparencia y compromiso permanente hacia el bienestar de la población.
Fortalecen capacitación y evaluación de políticas públicas
Señaló que la cooperación con ONU-DH permitirá fortalecer asistencia técnica, capacitación especializada y desarrollo de indicadores que midan avances en derechos humanos.
Reconocimiento al respaldo del Gobierno Federal
El gobernador agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar políticas públicas con enfoque de justicia social y derechos humanos en Yucatán.
Yucatán busca consolidarse como referente en derechos humanos
Díaz Mena reiteró el compromiso estatal de garantizar respeto, protección y promoción plena de los derechos humanos en beneficio de todas las familias.
ONU-DH reconoce avances y apertura del gobierno estatal
Ricardo Neves destacó la apertura al diálogo y coordinación entre instituciones y poderes públicos para avanzar en la agenda de derechos humanos en la entidad.
CODHEY destaca colaboración interinstitucional
María Guadalupe Méndez Correa resaltó la disposición del gobierno estatal para construir puentes que fortalezcan la dignidad humana.
Amplia participación de autoridades en el encuentro
En la reunión participaron funcionarios estatales, representantes del poder judicial y organismos autónomos, reforzando el compromiso institucional con los derechos humanos.
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