Autoridades del sistema de justicia encabezaron un encuentro especializado en materia penal en el que se abordaron temas clave como la Prisión Preventiva Oficiosa, el Control de la Detención, los niveles de contacto y las distintas formas de aprehensión, aspectos que inciden directamente en la correcta aplicación del derecho penal y en la protección de los Derechos Humanos.
En la jornada participaron jueces y magistrados estatales y federales, así como el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, quien destacó la importancia de mantener espacios de análisis y diálogo que fortalezcan los criterios jurídicos y la coordinación entre instituciones.
El encuentro tuvo como propósito revisar criterios jurisdiccionales actuales y reflexionar sobre los retos que enfrenta el Sistema Penal Acusatorio, promoviendo el intercambio de experiencias entre operadores del sistema de justicia.
Durante su intervención, el Fiscal General del Estado subrayó la disposición permanente de la Fiscalía General del Estado para integrarse a foros académicos y técnicos que contribuyan a mejorar la impartición de justicia, destacando la relevancia de la actualización constante y el diálogo institucional.
El conversatorio jurídico se realizó en el Auditorio del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOSPOA), donde especialistas compartieron perspectivas sobre la aplicación práctica de diversas figuras jurídicas.
La exposición de los temas estuvo a cargo del Magistrado Juan Ramón Rodríguez Minaya, quien abordó el Control de la Detención; el Juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, que explicó los niveles de contacto; y el Juez Rogelio Eduardo Leal Mota, responsable del análisis sobre las distintas formas de detención. La moderación estuvo a cargo del Magistrado Hernán Jesús Vega Burgos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La participación de la Fiscalía General del Estado en este tipo de ejercicios académicos y técnicos refleja una política institucional enfocada en la capacitación continua, el fortalecimiento de criterios jurídicos sólidos y la coordinación interinstitucional, reconociendo que la correcta aplicación del Sistema Penal Acusatorio exige diálogo permanente, análisis jurídico y corresponsabilidad entre las instancias involucradas.
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