El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) emitió un posicionamiento firme respecto al incremento propuesto al Impuesto sobre la Nómina, al señalar que se trata de un gravamen que afecta directamente al empleo formal y a miles de familias que dependen de él.
Durante el mensaje, se recalcó que este impuesto no grava utilidades, sino el trabajo formal mismo, por lo que cada contratación y cada salario pagado representan una carga adicional. “Cuando aumenta este impuesto, no se afecta a las empresas; se afecta a quienes trabajan en ellas”, destacó la presidenta del CCE Yucatán.
El organismo lamentó que la iniciativa fuera conocida por el sector empresarial apenas unas horas antes de su entrega al Congreso, sin mesas técnicas, análisis previo ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, órgano establecido para discutir estos temas. El procedimiento, señalaron, se alejó de la práctica colaborativa que había caracterizado años recientes.
El CCE subrayó que el impacto recaerá principalmente en medianas y grandes empresas, que representan solo el 4% del padrón, pero generan el 66% del empleo formal en el estado. “Si ese motor se desacelera, se desacelera Yucatán”, se advirtió.
Para dimensionar la carga, se explicó que actualmente las empresas pagan alrededor de $3.7 millones diarios por este impuesto, equivalentes a $1,343 millones anuales. Con el aumento del salario mínimo en 2026 y la nueva tasa del 3.75%, el monto ascendería a cerca de $4.8 millones diarios, es decir, $1,753 millones al año: más de $1.1 millones adicionales cada día.
Este cálculo es conservador, pues la mayoría de los empleos formales tienen salarios superiores al mínimo, lo que incrementaría el impacto real.
El CCE recordó que en 2025 el Estado proyectó obtener $4,858 millones por este gravamen, que representa el 72% de toda la recaudación local. “Detrás de cada peso están las empresas sosteniendo empleos, inversiones y familias. Encarecer el empleo formal debilita la competitividad”, indicó la presidenta del organismo.
El análisis advierte que mayores cargas fiscales podrían derivar en ajustes de personal y limitar mejoras salariales, afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, encarecer el empleo formal podría incentivar la informalidad.
“No es un debate ideológico; es un análisis técnico de productividad, costos laborales y competitividad regional. Los estados más competitivos no encarecen la formalidad; la fortalecen”, señaló el CCE.
Por ello, el Consejo expresó su rechazo al incremento y llamó al Gobierno del Estado a abrir un diálogo real, con sustento técnico y visión de largo plazo. También exhortó al Congreso local a analizar la propuesta con rigor y a no aprobarla por el impacto que tendría en el empleo formal.
“El sector empresarial de Yucatán es aliado del desarrollo social. Estamos listos para dialogar y construir soluciones. Lo que pedimos son decisiones responsables que protejan el empleo formal e impulsen la inversión”, concluyó el organismo.
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