Ciudad de México, 1 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío a la Cámara de Diputados de la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de devolver el agua como recurso de la nación, garantizar el acceso equitativo y frenar la comercialización de concesiones entre particulares.
“Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de Gobierno. En 1992, en la época de Salinas, se permitió convertir las concesiones de agua en una mercancía, transmisible y vendible entre privados. Eso generó descontrol en las concesiones y un uso excesivo del recurso. Hoy, con esta iniciativa, devolvemos el agua a la nación y ordenamos su uso”, declaró la mandataria durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
Sheinbaum subrayó que el agua es un recurso escaso, particularmente en las zonas centro y norte del país, por lo que urge su ordenamiento para garantizar el derecho humano al agua potable, establecido en el Artículo 4 Constitucional, y fortalecer el papel del Estado como regulador, conforme al Artículo 27 Constitucional.
Principales medidas de la iniciativa
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicaron los alcances de las reformas:
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Fin a la compraventa de concesiones: los títulos ya no podrán venderse ni transmitirse entre particulares.
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Registro Nacional del Agua: todas las concesiones estarán bajo control del Estado, que analizará cada prórroga.
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Combate al robo y mercado negro del agua: se crea un capítulo de delitos hídricos, con penas de 1 a 10 años de prisión y multas de 300 a 4,000 días.
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Fondo de Reserva de Aguas Nacionales: el agua reasignada se destinará a proyectos estratégicos.
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Eficiencia y medición: se fortalecen los mecanismos de control, se promueve la tecnificación agrícola, la captación de agua pluvial y la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo.
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Certeza jurídica: se reconoce a los sistemas comunitarios de agua y se garantiza la participación de los tres niveles de gobierno.
“Con esta iniciativa se ordena el uso del agua en el país. Se elimina su trato como mercancía y se reconoce como un bien estratégico y un derecho humano”, afirmó Morales López.
La presidenta enfatizó que el primer año de su gobierno marca un cambio de paradigma en la política hídrica nacional, priorizando el acceso justo y sostenible al agua para la población, sectores productivos y comunidades.
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