Baja California. — Con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio cultural y cerrar vacíos legales frente al uso indebido de expresiones indígenas, la diputada de Tijuana Evelyn Sánchez Sánchez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California.
La propuesta legislativa busca otorgar reconocimiento jurídico a los diseños textiles indígenas, ante los casos de plagio y explotación comercial que han afectado a comunidades originarias en distintas regiones del país.
De acuerdo con la legisladora, empresas nacionales e internacionales han reproducido y comercializado bordados, patrones y símbolos tradicionales sin autorización ni beneficios para las comunidades creadoras, una situación que ha sido denunciada en estados como Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo.
La iniciativa plantea incorporar de manera expresa los “diseños textiles indígenas” dentro del catálogo de bienes protegidos por la legislación estatal, reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Baja California.
Estos diseños serían definidos como creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en la entidad, lo que permitiría establecer mecanismos legales para su registro, defensa y preservación.
Sánchez Sánchez subrayó que los textiles indígenas no solo representan piezas artesanales, sino expresiones de identidad, memoria y cosmovisión de los pueblos originarios, al reflejar su historia, relación con la naturaleza y conocimientos ancestrales.
“Proteger los textiles indígenas es también proteger la dignidad cultural y los derechos colectivos de quienes los crean”, afirmó.
La reforma también contempla la armonización de la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, actualizada en 2021, a fin de adecuar denominaciones institucionales y fortalecer el marco legal.
Asimismo, propone que las declaratorias de patrimonio cultural sean inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además de reforzar las facultades del Instituto de Cultura del Estado para establecer convenios y estrategias de protección.
También se actualizan referencias al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el propósito de garantizar coherencia con el marco jurídico vigente.
Con esta iniciativa, se plantea una respuesta legislativa frente al saqueo cultural y el uso no autorizado de expresiones tradicionales, en defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
De aprobarse, Baja California se colocaría como referente nacional en la protección de la propiedad intelectual colectiva y el patrimonio cultural de los pueblos originarios.
deje su comentario