Bacalar, Q. Roo, 24 de marzo de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y detener la deforestación ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) firmaron un convenio de colaboración que permitirá coordinar acciones en materia ambiental y agraria en los núcleos agrarios de la Península de Yucatán.
El acuerdo, suscrito el 23 de marzo en el Ejido Bacalar, busca prevenir el cambio ilegal de uso de suelo forestal mediante el intercambio de información entre dependencias, la orientación a sujetos agrarios y la implementación de medidas que eviten la legalización de actividades que dañan los ecosistemas.
La Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, destacó que esta coordinación permitirá cerrar el paso a prácticas como la venta o arrendamiento de tierras de propiedad social que posteriormente son desmontadas de manera ilegal para agricultura intensiva.
Como parte del convenio, la PROFEPA notificará a la PA y al RAN sobre resoluciones firmes relacionadas con cambios de uso de suelo forestal sin autorización. Con esta información, la Procuraduría Agraria se abstendrá de participar en asambleas ejidales donde se busque aprobar cambios de destino de tierras, lo que impedirá validar acuerdos derivados de actos ilegales.
El Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, advirtió que la Península enfrenta una presión creciente por la deforestación, el acaparamiento de tierras y modelos que favorecen la concentración de la propiedad, especialmente en Quintana Roo, donde más del 84% del territorio es de propiedad social.
Por su parte, el titular del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva, explicó que las resoluciones de PROFEPA serán inscritas en el registro para impedir la formalización de cambios de dominio en tierras ejidales y comunales que hayan sido afectadas por actividades ilegales.
Durante el evento, autoridades locales y representantes agrarios coincidieron en que este convenio busca traducirse en acciones concretas en territorio, con el fin de proteger los recursos naturales, dar certeza jurídica y fortalecer a ejidos y comunidades.
Asimismo, se subrayó la importancia de impulsar alternativas productivas sustentables como el turismo comunitario, el pago por servicios ambientales, el manejo forestal responsable y la reconversión productiva en predios impactados.
En los últimos años, la región sureste ha enfrentado un incremento en la deforestación, asociada principalmente a la expansión agropecuaria y al cambio irregular de uso de suelo, lo que ha generado una fuerte presión sobre ecosistemas de alto valor ambiental como la Selva Maya.
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