Mérida, Yucatán, 19 de noviembre de 2025. En el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Congreso de Yucatán aprobó reformas al Código Penal del Estado que fortalecen las sanciones contra distintos tipos de violencia sexual, digital e íntima, especialmente en zonas rurales e indígenas donde las víctimas enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia.
Durante la sesión del Pleno, las diputadas y diputados avalaron por unanimidad un dictamen impulsado por morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y una legisladora sin partido, que contempla penalidades más severas por violación conyugal y sentimental, ciberacoso y ciberacoso sexual, además de incluir el acecho como un delito en la legislación estatal.
La diputada de morena, Claudia Estefanía Baeza Martínez, subrayó que ninguna relación sentimental implica renunciar a los derechos personales. Señaló que este delito podrá perseguirse por querella, y de oficio en casos donde exista riesgo para la víctima. Además, se equiparará a violación cuando la persona afectada sea menor de 15 años o no pueda resistir por una condición física o mental.
Rosana de Jesús Couoh Chan, diputada sin partido, destacó que la reforma armoniza el marco estatal con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la normativa federal, contribuyendo a cerrar brechas territoriales y culturales que han permitido la impunidad en comunidades indígenas.
En cuanto al ciberacoso sexual infantil, la reforma establece responsabilidad penal para quien, mediante tecnologías digitales y con fines lascivos, coaccione, intimide, induzca, seduzca o engañe a una persona menor de 18 años o con incapacidad para comprender el hecho, incluso con aparente consentimiento. También adecúa la tipificación del ciberacoso conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al incluir el acecho como delito, se impondrán penas a quienes vigilen, sigan, busquen cercanía física, contacten o utilicen información personal de una víctima de forma invasiva.
Otro punto destacado fue la aprobación de modificaciones para endurecer sanciones por abigeato y delitos apícolas. El diputado Wilmer Monforte Marfil (morena) señaló que se incorporan nuevas figuras penales, como el robo de colmenas y de equipos agrícolas, así como sanciones para quienes comercialicen o transporten productos apícolas obtenidos mediante robo o quienes destruyan colmenas y sus componentes.
La diputada panista Manuela Cocom Bolio coincidió en la necesidad urgente de reforzar estas penalidades ante el impacto económico y social que provoca el robo de ganado y colmenas en las comunidades rurales.
El Pleno también avaló reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública, permitiendo una transición jurídica ordenada sin afectar procesos en curso. Además, se aprobó una convocatoria para integrar un cargo honorario en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
En Asuntos Generales, el diputado José Julián Bustillos Medina (morena) presentó una iniciativa para garantizar condiciones dignas a los animales que laboran en calesas turísticas, planteando certificación sanitaria, supervisión operativa y sanciones por incumplimiento.
En tribuna participaron también los legisladores Naomi Peniche López, Alejandro Cuevas Mena, Álvaro Cetina Puerto, María Teresa Boehm Calero, Zhazil Méndez Hernández y Larissa Acosta Escalante.
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