La propuesta busca garantizar el acceso sin criminalización y con un enfoque de derechos y cuidados
Mérida, Yucatán, 5 de febrero de 2025.- En un esfuerzo conjunto entre organizaciones civiles y la diputada Larissa Acosta Escalante, este martes se presentó una iniciativa para la despenalización del aborto en Yucatán. La propuesta busca eliminar las barreras legales que criminalizan la interrupción del embarazo, garantizando el acceso a este derecho sin estigmatización y con atención médica digna.
El proyecto plantea reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado, con el objetivo de asegurar que las personas gestantes reciban información clara y sin prejuicios antes, durante y después del procedimiento. Además, se enfatiza la necesidad de que el Estado brinde servicios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género.
Durante su intervención en el Congreso, Acosta Escalante compartió el caso de Evelia, una mujer indígena de Tixpéhual que fue sentenciada a 10 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo. La legisladora destacó que el actual marco legal permite criminalizar la pobreza y la falta de acceso a información, lo que pone en riesgo a cientos de mujeres en el estado.
“Más que criminalizar el aborto, debemos garantizar el acceso desde un enfoque de derechos y cuidados. Esto significa asegurar atención médica digna y acompañamiento integral sin prejuicios”, afirmó la diputada.
La iniciativa también contempla seguridad jurídica para el personal de salud que practique interrupciones del embarazo bajo estándares médicos y éticos, además de reconocer el derecho a la objeción de conciencia.
El respaldo de organizaciones como CEJUDI, así como el trabajo de activistas y abogadas defensoras de derechos humanos, ha sido clave en la construcción de esta propuesta. Investigaciones y amparos previos han evidenciado la necesidad de un cambio en la legislación para evitar que mujeres y personas gestantes sean perseguidas por ejercer su derecho a decidir.
Con esta reforma, Yucatán daría un paso hacia la justicia reproductiva, priorizando la salud y los derechos humanos sobre la criminalización y los prejuicios.
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