Violencia institucional en marcha del 8M: Represión en lugar de justicia

Mérida, Yucatán – 11 de marzo de 2025. La representante ciudadana Larissa Acosta Escalante denunció el uso de la fuerza contra las manifestantes del 8 de marzo en Mérida, señalando que lo sucedido es un caso de violencia institucional y una violación a los derechos humanos.

“La protesta es la respuesta al dolor. Cuando una madre busca a su hija desaparecida, nadie le puede pedir que lo haga en silencio. Y cuando las mujeres exigen justicia por la violencia que viven todos los días, la respuesta no puede ser gas lacrimógeno y agua a presión”, declaró Acosta Escalante desde tribuna.

La legisladora hizo un llamado a las autoridades estatales para que reconozcan que el uso de la fuerza contra las manifestantes no solo fue desproporcionado, sino que refleja una falta de voluntad política para abordar la problemática de la violencia de género. Recordó que el 71.4% de las mujeres en Yucatán han sido víctimas de algún tipo de violencia, y que seis de cada diez niñas han enfrentado abuso, muchas veces dentro de sus propios hogares.

“Pese a las cifras alarmantes, el Gobierno del Estado responde con represión en lugar de con justicia. Yo misma vi cómo una mujer fue lanzada por la fuerza del agua, cómo nos gritábamos entre nosotras para saber si alguien tenía agua limpia porque no podíamos respirar por el gas. Pero lo más indignante es que mientras las pipas de bomberos se usaban para reprimirnos, una familia esperaba que llegaran a apagar un incendio. Ahí están las prioridades del Estado”, denunció.

Acosta también se refirió a la violencia institucional dentro del sistema de justicia. Compartiendo su propia experiencia, relató cómo cuando denunció abuso sexual, le informaron que el dictamen psicológico tardaría seis meses en realizarse. “Si la justicia llega tarde, no es justicia. Si el Estado, en lugar de garantizarla, nos violenta, entonces nos demuestra que sigue sin comprender el problema de género en Yucatán”, enfatizó.

Finalmente, la legisladora exigió que el Estado no solo condene la violencia, sino que implemente acciones concretas para evitar que se repitan estos hechos. “El Estado tiene que acompañar, tiene que escuchar y tiene que generar compromisos. No basta con quedarnos en el discurso de condenar la violencia, tenemos que construir respuestas reales”, concluyó Acosta.