Mérida, Yucatán, 12 de febrero de 2025. Habitantes de Oxholón, en Umán, y Dzizibachí, en Halachó, continúan sin acceso a agua potable y se ven obligados a consumir agua contaminada, denunció la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.
“El agua no es un lujo ni un favor del gobierno. Es un derecho humano al que todas las personas deben tener acceso, sin importar dónde vivan o cuánto ganen. Sin embargo, en Yucatán hay comunidades donde abrir una llave y ver salir agua es un privilegio inalcanzable”, señaló la diputada Larissa Acosta Escalante.
La legisladora resaltó la crítica situación en Oxholón y Dzizibachí, donde los habitantes consumen agua contaminada con arsénico y mercurio. “No la usan porque quieren, sino porque el Estado los ha condenado a vivir así. Agua que enferma, que daña y que mata”, denunció.
En respuesta, presentó un punto de acuerdo para que la Junta de Agua Potable de Yucatán (JAPAY) y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública (INCOPPY) realicen las obras necesarias para dotar de agua potable a estas comunidades.
“En el presupuesto 2025 hay 90 millones de pesos destinados a obra pública rural. Las soluciones existen, el dinero está ahí, sólo falta voluntad política”, enfatizó Acosta Escalante.
La diputada también reconoció la labor de las regidoras Esmeralda May y Claribel Gómez, así como del comisario Eladio Aké Tuz y la comisaria Merly Rubí Rivero Uc, por su compromiso con la causa.
A pesar de la urgencia de la situación, la mayoría legislativa votó en contra de la propuesta, aplazando su discusión y dejando a cientos de familias en la incertidumbre sobre el acceso a un derecho básico para la vida.
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