El 4 de septiembre, se aprobó en Cámara de Diputados la reforma del Poder Judicial. Las razones para aprobar esta reforma no fueron lo suficientemente discutidas ni todas las voces escuchadas; tan es así que fue aprobada por una legislatura que no es quien recibió ni discutió la iniciativa en comisiones. La reforma, como ha sido aprobada, pone en riesgo la división de poderes en México y a los ciudadanos en estado de indefensión frente a los actos de Gobierno que atenten contra los derechos de los mexicanos.
Cabe destacar lo siguiente como consecuencias de lo que se provocará en caso de que, la Cámara de Senadores y los Congresos de los Estados, aprueben sin revisión y sin modificaciones esta iniciativa de Reforma al Poder Judicial.
En primer lugar, el proceso de selección y ratificación de jueces y magistrados contemplado en la reforma carece de la transparencia y el rigor necesarios para garantizar la independencia del poder judicial.
Segundo, la falta de mecanismos de control adecuados, podrían conducir a una erosión de la confianza pública en el sistema judicial y, en consecuencia, a una mayor corrupción.
Tercero, la reforma también plantea preocupaciones en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. La justicia no debe ser objeto de manipulaciones políticas ni de intereses partidistas; debe ser imparcial y defender los derechos de todos los ciudadanos por igual. Cualquier medida que comprometa la capacidad de los jueces para actuar sin presiones externas pone en riesgo la equidad y la justicia.
Cuarto, existe el riesgo real de la pérdida de inversión en México con la consiguiente pérdida de empleos debido a la incertidumbre que crea el que la imparcialidad de los jueces este comprometida.
Todavía estamos a tiempo de que se haga una reforma razonada y que proteja los derechos de todos; hacemos un llamado a los senadores para que lleven a cabo una discusión profunda y que hagan las modificaciones que mejoren esta iniciativa.
