• Justicia para Julissa – No a la criminalización de las lesbomaternidades.

Mérida, Yucatán, 21 de noviembre de 2022. Desde la Secretaría de Derechos Humanos e Inclusión Social de Movimiento Ciudadano Yucatán, condenamos los presuntos actos de discriminación y criminalización por motivos de orientación sexual diversa y expresión de género que está viviendo Julissa Chuuc Haas en un entorno heteronormado y patriarcal por parte de personal del Gobierno de Yucatán.

Julissa ha denunciado públicamente que fue discriminada por una trabajadora social adscrita al Hospital General “Dr. Agustín O´Horán” el día que dio a luz a su hija, cuestionando su capacidad de maternar, así como la integridad de la bebé, por el hecho de ser una mujer lesbiana, es decir, tener una orientación sexual diversa, y la recién nacida fue enviada al Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede), con una justificación basada en estigmas y prejuicios.

Asimismo, refiere que las autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY) le indicaron que para recuperar a su bebé debía presentarse ante la institución con su otro hijo de seis años de edad; sin embargo, al hacerlo también le fue quitado y puesto bajo custodia del Caimede con el argumento de no estar registrado ante el Registro Civil. Según declaración de Julissa, no le explicaron alguna otra razón para separarla de su hija y su hijo, ni existían indicios de abuso o violencia. Por tanto, constituiría una violación de los derechos humanos y la normatividad aplicable a las niñas, niños y adolescentes.
Julissa es una personas que realiza trabajos de albañilería, chapeo y limpieza de casas para ganar el sustento de su familia.

De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Asimismo, queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad e integridad que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Se hace un llamado urgente al DIF Yucatán, representado por su directoral general María Teresa Boehm Calero, así como a la Procuradora Lic. Teresita de Jesús Anguas Zapata, y al director del CAIMEDE Lic. Jorge Marcelo Romero Hoyos, para aclarar y resolver esta situación que afecta a la Sra. Julissa Chuuc Haas y su familia, con absoluto respeto al interés superior de la niñez y sin incurrir en discriminación de ningún tipo.
Se exhorta al gobernador Mauricio Vila Dosal a reforzar acciones para garantizar que en la administración estatal se observe puntualmente el respeto a los derechos humanos de todas las personas, pues de nada sirve la expedición de leyes y criterios en la materia si no son cumplidos por quienes implementan las políticas públicas.

Finalmente, esta Secretaría exige el respeto y reconocimiento de las lesbomaternidades como un modelo de familia existente y válido que, al igual que otros modelos de familia, vela por la integridad de sus hijos e hijas y no representa un riesgo para su sano desarrollo.

About Author

admin

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *