Cinco de mayo de 2021.- La extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca por parte del congreso local corre el riesgo de convertirse en un mal ejemplo para otras entidades de la república e incluso para autoridades federales que han amagado a los Órganos Constitucionales Autónomos cuya incidencia es en todo el país.
Abogados expertos en la materia consideran que debido a esta decisión los ciudadanos oaxaqueños quedan en condiciones adversas en materia de transparencia y acceso a la información en la entidad hasta que el nuevo organismo, cuyos tiempos no están definidos, entre en operación.
Cabe recordar que el 14 de abril el pleno de la legislatura local, con mayoría de diputados de Movimiento de Regeneración Nacional, aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP) del Sistema Estatal Anticorrupción.
La extinción fue aprobada por 28 votos, de los cuales 27 fueron de Morena y provocó una serie de modificaciones al artículo 114 de la constitución local, que darán origen a un nuevo Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, que buscará garantizar el uso adecuado y sin opacidad de los recursos públicos en esta materia.
Con este organismo se modificará de tres comisiones a un total de siete en el que uno de ellos fungirá como comisionado presidente y su encargo tendrá una duración de siete años, sin embargo, las modificaciones a la constitución oaxaqueña no prevén un plazo transitorio para la instauración del nuevo organismo.
Expertos en la materia convocados por México Justo.org AC en su mesa de diálogo Las Garantías institucionales de los DDHH: el caso del Instituto de Transparencia de Oaxaca; consideran que dichas situaciones mantienen en este momento en riesgo de carecer de estos derechos a la población de Oaxaca, lo que significa un riesgo elevado en especial en tiempos electorales.
Tania Reyes, secretaria técnica de México Justo.org AC, afirmó que esto representa una vulneración de los derechos humanos y se significa un acto inconstitucional que va en contra del estado de derecho.
La desaparición del IAIP deja en estado de vulnerabilidad a la sociedad oaxaqueña y el riesgo mayor es que este ejemplo pueda expandirse a otros estados o incluso a nivel federal con los Organismos Constitucionales Autónomos.
Se trata, explicó, de una grave falta de comunicación entre el sistema jurídico y el sistema político que da como resultado la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales de oaxaqueños que no podrán ser atendidos correctamente.
Si hubiera en alguna entidad “un poder ejecutivo coludido con legislativo” entonces podría no haber condiciones por algún tiempo que garanticen mediante una instancia nacional o internacional los derechos de las personas.
Por su parte, Salvador Arias Ruelas, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que esta decisión del congreso oaxaqueño abre la puerta para colocar un nuevo titular “a modo” en el organismo sustituto en beneficio de los poderes en función y al mismo tiempo de remover a posibles comisionados incomodos.
El catedrático se refirió a un texto del Quijote en el que se menciona “los perros ladran señal de que se avanza” como una analogía coloquial con respecto al ataque que reciben los Organismos Constitucionales Autónomos en el país, mismos que dijo, “no viven buenos tiempos en México”.
Por su parte, Oscar Ramos, también profesor de la Facultar de Derecho de la máxima casa de estudios del país, aseveró que se trata más de una desaparición de un órgano más que una transformación del mismo, lo cual hubiera sido lo ideal, por lo que dicho cambio termina siendo un acto “ocioso” por parte del congreso de Oaxaca.
A pesar de lo anterior, consideró que en esta acción no se viola ningún derecho humano ya que si se desaparece el IAIP de Oaxaca y “se es cuidadoso con el órgano que los sustituirá” no se vulneran los principios de progresividad.
“Es importante que los arbolitos no nos impidan ver el bosque”, dijo, por lo que sólo es necesario garantizar que con ese cambio no se altere alguna garantía hacia los ciudadanos de la entidad.
Edith San Agustín Zamudio, secretaria de acuerdos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, aseveró en tanto que organismos de este tipo son instancias que no puedan desaparecer de la noche a la mañana.
Los recursos que han interpuesto los ciudadanos, las resoluciones pendientes quedan en materia de transparencia y acceso a la información en deuda por un plazo desconocido, por lo que es fundamental conocer de qué manera se le va a garantizar al ciudadano el acceso a la información pública, resoluciones y recursos de impugnación pendientes.
Por ello la mejor decisión hubiera sido el fortalecimiento y no la desaparición del IAIP, ya que ello implica situaciones complejas sobre derechos laborales, por lo que calificó esta decisión como un un retroceso en materia de derechos humanos que incluso implicaría un serio análisis de cómo podría ser una eventual defensa legal contra este tipo de decisiones de mayorías en congresos locales o incluso el federal.
Finalmente, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo.org AC cuestionó qué sucedería con los comisionados y consejeros en el proceso de transición de un organismo a otro y el riesgo de que se quiten algunos para integrar a otros más accesibles en beneficio de autoridades.
La bienvenida a la mesa de diálogo “Las Garantías Individuales de los DDHH: El caso del Instituto de Transparencia de Oaxaca” fue hecha por Genaro Góngora Pimentel, presidente del consejo académico de México Justo.
