Ante la presencia de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Ricardo Ávila Heredia; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, compareció ante el pleno de la LXII Legislatura en Sesión Ordinaria, para rendir su Informe Anual de Actividades, correspondiente al año 2020.

El titular de la Codhey, indicó que durante 2020 se recibieron un total de 2,679 solicitudes de intervención, un promedio de casi 8 solicitudes de servicio diarias; de las cuales, 1,367 fueron de la competencia de la Comisión y las restantes fueron orientadas y canalizadas a las instancias correspondientes.

Así mismo, continuó, se dictaron 202 medidas cautelares a un total de 58 autoridades, de las cuales 99 fueron aceptadas, 31 no y en 72 no se tuvo respuesta, lo que representa el 49% de aceptación.

“Insistimos que la medida cautelar, es el recurso previsto en ley, para prevenir violaciones o restaurar a las personas la inmediata vigencia de sus derechos y es responsabilidad de todas las autoridades allanarse de las mismas, por lo que los exhortamos a cumplirlas en sus términos”, aseveró.

Por tal razón, Sabido Santana indicó que se interpusieron 12 denuncias a la Fiscalía General del Estado (FGE) por actos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posibles hechos delictivos.

También, agregó, la Codhey participó como observador en las cuatro marchas y tres manifestaciones convocadas por Organizaciones de la sociedad civil y Sindicatos;  se realizaron diversas supervisiones en los filtros sanitarios y de reducción de la movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de las Direcciones de Policías Municipales, implementadas en varios puntos de ésta ciudad de Mérida y en diversos municipios, con motivo de la pandemia generada por el COVID-19.

Al igual que le dieron continuidad, como Observadores, a los procesos de consultas previas, verificadas a los integrantes de los pueblos y comunidades mayas, en relación al proyecto del tren maya.

“Registramos un total de 1,045 hechos violatorios, agrupados en 61 voces violatorias, las más recurrentes fueron la prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, robo, amenazas, allanamiento de morada, violación de los derechos del niño, violación del derecho de los menores que proteja su integridad, violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, y la violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia”, detalló.

El Presidente de la Comisión, también señaló que un total de 62 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, de las cuales las más señaladas fueron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la FGE, la Secretaría de Educación estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Secretaría de Salud y los Ayuntamientos de Kanasín, Celestún, Mérida, Progreso y Valladolid.

Añadió, que en el período que se informa, se emitieron 30 Recomendaciones dirigidas a un total de 20 autoridades distintas, 13 a la SSP, 3 al presidente municipal de Umán, 2 al Cabildo de Izamal y 2 a la FGE.

De la misma manera, el Ombudsperson del estado mencionó que durante la tramitación de las quejas se registró un total de 54 servidores públicos estatales y municipales sancionados, que van, dependiendo de la gravedad de la violación cometida, desde una amonestación o una suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la baja definitiva del cargo.

Así mismo, reveló que se llevaron a cabo 8 supervisiones a los cuatro Centros de Reinserción Social del Estado, para verificar cuáles eran las medidas de prevención y atención de contagios por COVID-19 que les estaban brindando a las y los internos, a las personas que los visitan y al personal que labora en los mismos; al igual que se aplicó conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, del cual aún no se emiten los resultados.

Además, explicó, se realizaron vistas de supervisión a 36 cárceles municipales observando que a la mayoría le falta la asignación de recursos financieros y de personal calificado, no se cumplen las medidas de higiene y limpieza que se deben establecer para prevenir y controlar enfermedades, los espacios y la infraestructura carcelaria no es apta ni suficiente para una estancia digna, entre otras anomalías.

Miguel Sabido afirmó que se realizaron visitas de supervisión a 40 Centros de Salud, de los 138 ubicados en los diversos municipios y comisarías del estado, con la finalidad de verificar las condiciones de infraestructura y de personal, los servicios que brindan, el trato a los usuarios, así como las medidas de prevención y atención de contagios por COVID-19.

“Entre las principales necesidades detectadas, encontramos la falta de personal, de equipos médicos, medicamentos e insumos; la falta de mantenimiento de sus instalaciones y de sus equipos médicos, entre otras; así como que únicamente en 12 de los Centros de Salud visitados cumplen con un debido cuidado en sus labores de prevención de contagios por COVID-19″, resaltó.

En materia legislativa, recordó que se presentó al Congreso de Yucatán dos proyectos de reformas de ley: a la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, con el objetivo primordial de garantizar de una mejor manera la reparación integral de las víctimas en el Estado; y a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Yucatán, con el objeto de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, sea integrada al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y abone con un enfoque garante de los derechos humanos en las políticas públicas de combate a la corrupción.

De igual forma, adelantó que entregará la iniciativa de Ley para la Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Yucatán, que se trabajó de manera conjunta con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y que tiene como objetivo regular la organización, funcionamiento y supervisión de los Centros de asistencia y sus similares.

Antes de finalizar, el titular de la Codhey destacó las visitas de supervisión que se realizaron en los establecimientos del sector público estatal y municipal, así como en los filtros sanitarios y de reducción de la movilidad, y la participación en las marchas, manifestaciones y procesos de consulta a los que fuimos convocados como observadores, sin dejar de hacer mención de los llamados que se hicieron a los tres Poderes del Estado, para que las decisiones y acciones públicas que se determinen durante la pandemia, tengan sustento en los derechos humanos y la solidaridad que nos debemos procurar como sociedad.

Además, hizo un llamado a las autoridades de Seguridad Pública, actuar bajo los más altos estándares de proporcionalidad, necesidad e idoneidad en el ejercicio de sus funciones y con pleno respeto a los derechos humanos.

El Ombudsperson se manifestó porque sean garantizadas las necesidades básicas de seguridad, protección personal y eventual vacunación para las y los trabajadores del sector salud; al igual que solicitó a las autoridades de salud para que destinen los recursos necesarios para atender y mitigar las consecuencias que pueden acarrear en el deterioro de la salud mental del pueblo yucateco a causa del confinamiento, que incrementa la tasa de suicidios.

Señaló, que la gran apuesta en los meses por venir será la de revertir las serias consecuencias que la pandemia de Covid-19 ha generado.

“Y es que ninguna crisis, por más extrema que ésta sea, podrá causar un daño irreversible, si la enfrentamos unidos, comprometidos con los más desprotegidos, y en una fraternidad sensible y humana”, finalizó.

Compromiso Constitucional

En la plenaria, la LXII Legislatura también avaló que el próximo miércoles 24 de marzo del presente año a las 11 horas rinda, su Informe Anual de Actividades la presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), María Gilda Segovia Chab, como fue solicitado por la misma comisionada vía oficio.

De la misma manera, rindieron compromiso constitucional los ciudadanos Eduardo José de Jesús Alvizo Perera y María del Carmen de la Peña Corral, como nuevos integrantes del Consejo Consultivo del INAIP, por un período de cuatro años.

También hicieron lo propio, los ciudadanos Ileana Lucelly Ramírez Sierra, Herminio José Piña Valladares, Rolando Mendoza Hijuelos, Mario Alberto López Irigoyen, Primo Campos Centeno y Ángel Rodríguez Aquino, como nuevos miembros de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, por un período de tres años.

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